El Tribunal Administrativo del Quindío admitió una demanda de nulidad electoral interpuesta por el abogado Diego Felipe Urrea, la cual busca dejar sin efecto la elección de los alcaldes de Armenia, Calarcá, Montenegro y Pijao como miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) para la vigencia 2025.
La elección fue oficializada el pasado lunes 17 de febrero, cuando quedó conformada la nueva junta directiva de alcaldes, integrada por James Padilla García (Armenia), Gustavo Pava Busch (Montenegro), Juan Sebastián Ramos (Calarcá) y Jhon Jairo Restrepo (Pijao). Sin embargo, esta designación ha sido puesta en entredicho por presuntas irregularidades en el procedimiento adoptado.
Según el demandante, la Asamblea Corporativa de la CRQ habría modificado de forma indebida las reglas del proceso electoral, incurriendo en una “desviación de poder”. Urrea argumenta que, aunque la asamblea tiene la facultad de adoptar estatutos, es competencia exclusiva del Consejo Directivo proponer dichas modificaciones, lo que invalidaría legalmente el procedimiento seguido para la elección.
“La desviación de poder se configura cuando un órgano del Estado, dentro de su competencia y cumpliendo formalidades, utiliza sus atribuciones con fines contrarios al interés público”, señala la demanda, en la que se destaca que los alcaldes actuaron sin facultad para reformar las normas que rigen la designación de representantes ante la CRQ.
Cabe recordar que el abogado Urrea ya logró, a través de una acción anterior, la nulidad de la elección del director de la CRQ para el periodo 2024-2027, lo que ha dejado actualmente a la entidad bajo la dirección de un encargado.
En la misma decisión, el Tribunal negó la medida cautelar que buscaba suspender de inmediato los efectos de la elección de los alcaldes, pero aceptó la demanda para su estudio formal. Además, Urrea anunció una nueva acción jurídica para solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho frente a la modificación de los estatutos de la CRQ, con el objetivo de impedir la consolidación de una posible elección irregular.
“Esta medida protege el interés público al garantizar que las decisiones estratégicas, ambientales, administrativas y de gobernanza de la CRQ sean adoptadas por un órgano legítimamente constituido”, afirmó el abogado.
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