Condenan a 43 años de prisión a pastor por secuestrar y abusar de su hijastra en Caldas
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chinchiná condenó a 43 años y 6 meses de prisión al pastor cristiano José Erley Ramírez Garcés, tras hallarlo responsable de los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento agravado contra su hijastra de 13 años.
La sentencia, que excluye cualquier beneficio o rebaja de pena, se produjo luego de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, antes de que iniciara la audiencia preparatoria del juicio. De acuerdo con el despacho judicial, el condenado deberá cumplir la totalidad de la pena en un centro penitenciario que será definido por el Inpec.
Los hechos
El 29 de abril de 2025, el pastor engañó a la menor con el argumento de que visitarían una vivienda que supuestamente sería un regalo para su madre. En el trayecto hacia la vereda San Andrés, en zona rural de Chinchiná (Caldas), la inmovilizó y la trasladó hasta una finca, donde ocurrieron los delitos.
Según la investigación, la menor logró escapar en un momento de descuido y pidió ayuda a trabajadores del sector, quienes la protegieron e intentaron detener al agresor. El hombre huyó en un vehículo y terminó accidentándose a pocos metros del lugar. Horas después fue ubicado por la comunidad y las autoridades.
Debate jurídico
El abogado de las víctimas explicó que no se imputó tentativa de feminicidio porque la legislación colombiana exige pruebas médicas que acrediten riesgo inminente de muerte para configurar ese delito. La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, establece penas de entre 20 y 41 años cuando se causa la muerte a una mujer por razones de género.
En este caso, el juzgado consideró acreditados los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento agravado, teniendo en cuenta la relación de autoridad y el vínculo familiar con la víctima.
Sin beneficios
La sentencia determina que Ramírez Garcés no podrá acceder a libertades condicionales ni beneficios judiciales. Su defensa solicitó el traslado a un centro carcelario fuera del Eje Cafetero por razones de seguridad, petición que será evaluada por las autoridades penitenciarias.
El caso generó fuerte rechazo en la comunidad y reabrió el debate sobre la protección de menores y la responsabilidad de líderes religiosos frente a hechos de violencia intrafamiliar.
