“De nuevo saque la espada”: Petro arremete contra decreto sobre protesta social
El expresidente Gustavo Petro reaccionó al proyecto de decreto con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca modificar las reglas sobre el uso de la fuerza y la protección de la protesta pacífica en Colombia.
El borrador, publicado por el Ministerio del Interior para comentarios ciudadanos, plantea cambios al Decreto 003 de 2021 y busca establecer reglas más precisas para la intervención de las autoridades cuando se presenten afectaciones al orden público o a terceros. El proceso de comentarios estará abierto hasta el 4 de octubre de 2026.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido la iniciativa y ha señalado que el proyecto busca garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero establecer límites frente a conductas como portar armas, agredir personas, retener ciudadanos o impedir el paso de una ambulancia. Según la explicación del Gobierno, los trancones y la incomodidad derivados de una movilización, por sí solos, no constituyen violencia.
La propuesta generó una fuerte reacción de Petro, quien cuestionó que se planteen restricciones a las movilizaciones, especialmente cuando estas se dirigen contra sectores que considera responsables de medidas injustas.
“El derecho a protestar no es un derecho neoliberal y recortado como si se tratara de simples individuos”, afirmó el exmandatario, quien sostuvo que la protesta corresponde a las multitudes y al pueblo como constituyente primario.
Petro también elevó el tono de su pronunciamiento al señalar que su sector político no busca únicamente realizar una protesta, sino enfrentar lo que calificó como “la ilegitimidad, la barbarie y la tiranía” mediante la movilización popular.
El mensaje terminó con una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la controversia: “Será ese pueblo el que de nuevo saque la espada que le pertenece y salve la institucionalidad democrática de Colombia”.
El debate queda ahora abierto alrededor del alcance de la protesta social, los límites de la intervención estatal y la manera en que las autoridades deberán actuar cuando una movilización genere afectaciones a terceros o al orden público.
