#Escándalo | Alcaldes de Quimbaya, Montenegro y Circasia en el ojo del huracán: resolvieron su propia recusación, pese a prohibición legal

Armenia, 18 de noviembre de 2025.


Crece un escándalo que sacude al departamento del Quindío y pone bajo escrutinio a los alcaldes de Quimbaya, Montenegro y Circasia, miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío (EPQ), luego de que una denuncia advirtiera graves irregularidades en el trámite de una recusación que los involucraba directamente.

El ciudadano Diego Felipe Urrea Vanegas presentó un derecho de petición donde acusa que dichos mandatarios locales, lejos de apartarse del trámite, habrían resuelto su propio conflicto de interés, desconociendo la ley y posiblemente abriendo la puerta a responsabilidades disciplinarias y penales.


🚨 EL NUDO DEL ESCÁNDALO: los recusados habrían decidido sobre su propia recusación

La denuncia sostiene que en las sesiones del 7 y 18 de noviembre de 2025, la Junta Directiva de EPQ recibió una recusación contra algunos de sus miembros, entre ellos los alcaldes de Quimbaya, Montenegro y Circasia.

Aunque la recusación fue admitida inicialmente —prueba de ello es que se trasladó a los recusados para que se pronunciaran—, la Junta posteriormente:

  • La rechazó de plano, alegando requisitos formales.
  • No remitió el trámite a la autoridad superior, como ordena la ley.
  • Y lo más grave: decidió resolverla directamente, pese a que los recusados eran parte del órgano decisor.

Esto, según el peticionario, constituye una vulneración directa del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, que es explícito:

“La autoridad no podrá decidir sobre su propio impedimento o recusación.”

En ese caso debe remitir el expediente al superior jerárquico para que decida.

Al ignorar esta obligación, la Junta Directiva —y los alcaldes implicados— habrían incurrido en una extralimitación de funciones y en una violación del debido proceso administrativo.


🔥 UN CASO QUE RECUERDA OTRO ESCÁNDALO: el del gobernador Aguilar

La situación en EPQ no es menor ni aislada. Un caso reciente en el ámbito nacional encendió alarmas similares:
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, fue imputado por prevaricato al, presuntamente, resolver su propio impedimento y firmar un acto administrativo estando legalmente impedido.

Ese precedente fue catalogado por expertos como:

  • Violación del principio de imparcialidad,
  • Abuso de función pública,
  • Y un desconocimiento flagrante del diseño de los controles administrativos.

La similitud con lo ocurrido en EPQ —autoridades resolviendo su propia recusación— podría convertir este asunto en un escándalo de alcance nacional, no solo departamental.


⚠️ IMPLICACIONES MÁS GRAVES: decisiones tomadas mientras estaban recusados

Según el denunciante, al ignorar la recusación, los alcaldes continuaron participando en decisiones en las que tenían conflicto de interés, lo que pone en entredicho:

  • La legalidad de los actos aprobados, con destinación de recursos públicos en época electoral.
  • La imparcialidad del órgano directivo,
  • Y la responsabilidad individual de cada funcionario involucrado.

Todo esto ocurrió, adicionalmente, en periodo de Ley de Garantías Electorales, lo que agrava la situación al haber decisiones relacionadas con recursos públicos.


📄 PETICIONES Y REMISIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL

Urrea solicitó que EPQ entregue:

  • Actas, grabaciones, comunicaciones internas y votaciones,
  • Explicaciones jurídicas de por qué se decidió la recusación sin competencia,
  • Y que todo el expediente sea remitido a:
    • Procuraduría Regional del Quindío,
    • Fiscalía General de la Nación,

para que se investigue si hubo prevaricato, abuso de autoridad o intervención en asuntos con conflicto de interés.


🔍 LO QUE VIENE

De confirmarse lo denunciado, este podría convertirse en uno de los mayores escándalos institucionales recientes en el Quindío, especialmente por comprometer a tres alcaldes en funciones y por la similitud con el caso Aguilar, donde la justicia ya imputó cargos por actuaciones casi idénticas.

La Gobernación del Quindío y los órganos de control aún no se pronuncian.