Gobierno de De La Espriella revisa esquema de seguridad de Timochenko y cuestiona medidas asignadas durante Petro

El Gobierno de Abelardo De La Espriella emprendió una revisión de los esquemas de protección asignados durante la administración de Gustavo Petro, como parte de una política anunciada para reducir costos y ajustar las medidas de seguridad según los estudios de riesgo. La UNP ya había comenzado desde finales de agosto a revisar dispositivos otorgados durante el anterior gobierno. 

Uno de los casos que volvió al centro de la discusión es el de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’. Según información entregada por el director de la UNP, Didier Fabián Blanco, el excomandante de las Farc cuenta actualmente con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Londoño solicitó ampliar el esquema, pero el estudio de riesgo determinó que no procedía aumentar las medidas. 

El vocero del Gobierno, Miller Soto, cuestionó el tamaño del dispositivo y afirmó que la actual administración busca modificar los criterios con los que se asignan estos esquemas. “Cuenta con seis vehículos blindados, 16 hombres y pidió más. Esta UNP le hizo el estudio y le dijo que no”, señaló.

Soto agregó una crítica sobre el alcance de la protección: “Uno se pregunta si seis vehículos blindados y 16 escoltas son de verdad protección o son una especie de corte”. 

El Gobierno también ha señalado otros casos relacionados con la administración Petro. Entre ellos está el esquema de Juliana Guerrero, cuyo costo, según la UNP, alcanzó los $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Además, el director de la entidad denunció que algunos exfuncionarios todavía no han devuelto vehículos asignados para su protección. 

La discusión se produce mientras la nueva dirección de la UNP revisa miles de esquemas y busca determinar cuáles continúan respaldados por estudios de riesgo. En el caso de los firmantes del Acuerdo de Paz existen, además, condiciones particulares de protección derivadas de compromisos internacionales, por lo que cualquier modificación debe considerar ese marco. 

El Gobierno de De La Espriella sostiene que la protección estatal debe concentrarse en personas que acrediten un riesgo, mientras revisa decisiones adoptadas durante el periodo de Petro y los costos que estas medidas representan para el Estado.