Gustavo Petro se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025, advirtiendo que la medida podría agravar la crisis fiscal del país y generar consecuencias para la sociedad.
La determinación del alto tribunal congeló los efectos del decreto 1930 de 2025, considerado el decreto “madre”, con el cual el Gobierno declaró el estado de excepción para expedir impuestos con fuerza de ley y recaudar cerca de 11 billones de pesos.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, afirmó el jefe de Estado, quien aseguró que el costo de la crisis podría terminar asumiéndolo la sociedad a través de futuras decisiones legislativas. Petro sostuvo además que su Gobierno buscará impedir que esa carga recaiga sobre los sectores más vulnerables.
Desde la Casa de Nariño, el Ejecutivo ha defendido la legitimidad y necesidad del decreto, argumentando que la emergencia económica era indispensable para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. No obstante, la oposición y distintos sectores han señalado que la norma estaría viciada de forma y de fondo, al no sustentarse en hechos sobrevinientes, como lo exige la Constitución.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también cuestionó la suspensión y aseguró que la emergencia se justificaba no solo por el déficit fiscal, sino por los riesgos de incumplimiento en el pago de la deuda pública, una obligación constitucional del Estado.
“Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis: si los más ricos, como queríamos nosotros, o los sectores más vulnerables. Al acabar la emergencia económica, la Corte está protegiendo a los más ricos”, afirmó Benedetti, quien calificó la decisión como perjudicial para el desarrollo de las políticas sociales.
Por ahora, los efectos del decreto permanecen congelados, luego de que la Corte concluyera que no se acreditó la inminencia de una perturbación grave del orden económico y social, argumento central presentado por el Gobierno para justificar la emergencia.
