La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre de 2025, una decisión que marca un nuevo pulso entre el Ejecutivo y las altas cortes.
La determinación fue adoptada por la Sala Plena con 6 votos a favor y 2 en contra, en una sesión integrada por ocho magistrados, luego de que se aceptara el impedimento del presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez.
El magistrado Carlos Camargo, ponente del caso, solicitó frenar los efectos del decreto mientras avanza el estudio de fondo sobre su constitucionalidad. Según advirtió, permitir la aplicación de la emergencia económica podría generar efectos jurídicos irreversibles, imposibles de revertir si posteriormente la Corte declara disposiciones inconstitucionales.
El Gobierno Nacional buscaba extender la vigencia de la emergencia económica de 30 a 90 días, con el objetivo de garantizar recursos cercanos a los 12 billones de pesos, aunque aún faltarían 4 billones para cumplir la meta fiscal planteada. Entre las medidas analizadas se encuentran reformas tributarias de alto impacto, como el incremento del IVA a los licores del 5 % al 19 %.
Reacciones políticas
Tras conocerse la suspensión, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia celebró la decisión y aseguró que la Corte acogió su solicitud. En su cuenta de X afirmó que el Gobierno no puede imponer impuestos por decreto ni reemplazar al Congreso, y sostuvo que no existía un hecho grave o imprevisto que justificara la declaratoria de emergencia económica.
En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que el pasado 13 de enero solicitó formalmente la suspensión urgente del decreto. “La Corte toma una decisión histórica y suspende estos decretos”, afirmó, agradeciendo a los magistrados que respaldaron la medida.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la suspensión provisional, señalando que la decisión beneficia a los sectores con mayores capitales y afecta la intención del Ejecutivo de recaudar recursos para atender la situación fiscal del país.
La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto
