Quimbaya en controversia: Alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito subió a tarima con el representante y precandidato John Edgar Pérez durante el encendido navideño
Quimbaya, Quindío. El tradicional evento oficial del encendido navideño terminó envuelto en polémica luego de que el alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito subiera a la tarima principal junto al representante a la Cámara y actual precandidato John Edgar Pérez Rojas, del partido Cambio Radical.
El acto se desarrolló en un escenario institucional financiado con recursos públicos, lo que ha generado preocupación por una posible participación indebida en política, especialmente en época de restricciones.
La advertencia reciente del Procurador Gregorio Eljach
La situación ha tomado más fuerza debido a la declaración emitida días atrás por el Procurador General, quien advirtió:
“Alcalde que haga proselitismo, alcalde que será suspendido.”
La frase subraya el riesgo disciplinario que podría enfrentar cualquier mandatario local que intervenga en actos de carácter político.
¿Qué normas se habrían vulnerado?
Constitución Política – Artículo 127
Prohíbe a los servidores públicos:
“Participar en actividades de partidos y movimientos políticos y en controversias políticas.”
Aparecer en tarima con un precandidato en un evento municipal puede interpretarse como un apoyo político indebido.
Ley 996 de 2005 – Ley de Garantías Electorales
Establece que los funcionarios públicos:
“No podrán participar en actos de carácter proselitista”
ni “usar bienes del Estado para favorecer campañas.”
El encendido navideño es un evento oficial del municipio, lo que refuerza la presunta irregularidad.
Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario
Califica como falta gravísima:
“Utilizar el cargo o recursos públicos para influir en procesos electorales.”
Las sanciones pueden incluir suspensión, destitución e incluso inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Reacciones en Quimbaya
Sectores ciudadanos han expresado inconformidad por el uso político de un evento tradicionalmente familiar y cultural. Solicitan que los entes de control revisen si se configuró una violación a la Ley de Garantías, un uso indebido de recursos públicos o un acto de proselitismo en un evento institucional.
