“Se acabaron los privilegios para los corruptos”: Gobierno ordena acabar con las condiciones especiales de reclusión

El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició una ofensiva para terminar con las condiciones especiales de reclusión de procesados y condenados de alto perfil que permanecían en instalaciones de la Policía o de la Fuerza Pública, en lugar de establecimientos penitenciarios ordinarios.

“Se acabaron los privilegios para los corruptos”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella al anunciar las medidas, con las que ordenó revisar la situación de quienes permanecían recluidos en guarniciones, estaciones de Policía u otros espacios oficiales.

La decisión ya se ha traducido en varios traslados que han puesto nuevamente en el centro del debate las condiciones de reclusión de políticos, exfuncionarios y personas vinculadas a procesos de corrupción.

Los trasladados

Uno de los primeros operativos se realizó el 9 de septiembre, cuando cuatro internos fueron trasladados desde el Centro de Estudios Superiores de la Policía, CESPO, hacia la cárcel La Picota, en Bogotá.

Entre ellos estaban Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e investigado por el escándalo de la UNGRD; Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva; Álex Vernot, abogado condenado por soborno en actuación penal, y Emiro Rojas, exdirector del DAS condenado por hechos relacionados con las torturas contra la periodista Claudia Julieta Duque.

Posteriormente, el excongresista Wadith Manzur también fue trasladado a La Picota desde una estación de Carabineros de la Policía, por orden del Gobierno. Manzur permanece procesado por hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD.

Juan Carlos Abadía también salió del pabellón especial

Otro de los casos que generó mayor atención fue el del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, quien permanecía recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali.

Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, donde deberá cumplir su condena de 21 años y siete meses de prisión por corrupción. El procedimiento se realizó en la noche del 19 de septiembre.

El presidente fue especialmente crítico con el exgobernador y afirmó que “Juan Carlos Abadía se creía intocable”. Según el mandatario, desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros “hacía y deshacía”, participaba en política y tenía influencia sobre funcionarios y contratos. Estas afirmaciones corresponden a declaraciones del presidente.

El caso de Olmedo López

En esta lista también aparece Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, quien permanece privado de la libertad en el Batallón Caldas, en Bogotá.

Sin embargo, López debe diferenciarse de los anteriores: no fue trasladado a La Picota como parte de esta operación.

El 25 de septiembre fue trasladado desde su lugar de reclusión a una clínica de Bogotá después de presentar dolor en el pecho. El traslado fue por motivos de salud.

López es uno de los principales implicados en el escándalo de la UNGRD y admitió responsabilidad penal por delitos relacionados con el caso.

La lista que deja la operación

Hasta ahora, los casos más destacados son:

● Andrés Calle → La Picota, Bogotá.

● Víctor Gamboa → La Picota, Bogotá.

● Álex Vernot → La Picota, Bogotá.

● Emiro Rojas → La Picota, Bogotá.

● Wadith Manzur → La Picota, Bogotá.

● Juan Carlos Abadía → cárcel de Villahermosa, Cali.

● Olmedo López → permanece en el Batallón Caldas; su traslado reciente fue a una clínica por motivos médicos.

La administración sostiene que las condiciones especiales de reclusión deben estar respaldadas por razones jurídicas y de seguridad, y que la condición política o económica de una persona no puede convertirse por sí sola en un motivo para recibir un régimen penitenciario diferente.

La medida marca un cambio en el manejo de personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil y mantiene abierto el debate sobre si quienes enfrentan procesos o condenas por corrupción deben permanecer en instalaciones especiales de la Fuerza Pública o ser enviados a establecimientos penitenciarios ordinarios.