Gobierno electo de Abelardo De La Espriella cuestiona traslado de $4 billones a la UNGRD y pide vigilancia de los organismos de control
El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella expresó su preocupación por la decisión de la administración saliente de Gustavo Petro de trasladar 4 billones de pesos al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a pocos días de finalizar su mandato.
Según el comunicado emitido por el equipo del mandatario electo, los recursos fueron destinados para atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar. Sin embargo, la administración entrante cuestionó tanto el momento en que se realiza la operación como el historial reciente de la entidad que recibirá los recursos.
“La magnitud de la suma, la premura con que se pretende ejecutar el traslado y el historial reciente de la entidad receptora generan alertas que el Empalme Anticorrupción no puede ignorar ni normalizar”, señala el documento.
El pronunciamiento también recordó que la UNGRD fue protagonista del escándalo relacionado con la compra de carrotanques para atender la crisis de agua en La Guajira, un caso que actualmente es objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y el uso de recursos públicos.
“La UNGRD es la misma entidad que protagonizó el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde recursos destinados a atender una emergencia humanitaria fueron desviados mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos”, manifestó el Gobierno electo.
Ante este panorama, el equipo de De La Espriella solicitó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, en el marco de sus competencias, ejercer vigilancia preventiva sobre el traslado presupuestal y verificar la legalidad del proceso, así como la trazabilidad de los recursos antes de que se adelanten nuevas contrataciones.
Asimismo, anunció que revisará las decisiones adoptadas durante los últimos días de la administración saliente y aseguró que hará seguimiento al manejo de los recursos públicos.
La controversia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la ejecución del presupuesto nacional y el control de los recursos del Estado, especialmente por tratarse de una entidad que enfrenta investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el actual gobierno.
