Corte Suprema indaga a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en financiación de consulta del Pacto Histórico
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para determinar si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
El proceso está a cargo del despacho del magistrado Francisco Farfán, que ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones con el propósito de establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si eventualmente se presentaron conductas contrarias a las normas de financiación electoral.
La información fue confirmada por la propia Corte Suprema mediante un breve comunicado: “El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones”.
¿Qué está revisando la Corte?
Los hechos están relacionados con recursos reportados en la campaña de Cepeda durante la consulta interna del Pacto Histórico, en la que el senador obtuvo cerca del 65 % de los votos, superando a Carolina Corcho y Daniel Quintero.
Según información conocida por EL TIEMPO, las acciones que dieron origen a la revisión cuestionaron el reporte de recursos entregados por Javier Antonio Pérez y por la empresa Samat Publicidad SAS, con sede en Barranquilla.
En el caso de Pérez, se señala el reporte de una contribución cercana a $116 millones, monto que, según la denuncia, podría haber superado el límite establecido para los aportes individuales.
En cuanto a Samat Publicidad SAS, el monto cuestionado asciende a aproximadamente $609 millones. La controversia también se centra en que los recursos estaban relacionados con una empresa, mientras que la legislación electoral establece restricciones frente a las donaciones de personas jurídicas en campañas presidenciales.
El antecedente del CNE
El caso ya había sido revisado por el Consejo Nacional Electoral, que en enero de 2026 decidió no abrir una investigación administrativa contra Cepeda por estos hechos.
El tribunal electoral concluyó que los recursos cuestionados no correspondían a donaciones, sino a operaciones relacionadas con créditos para la elaboración de piezas de propaganda electoral y la impresión de periódicos.
En su decisión, el CNE señaló que entre Samat Publicidad SAS y el candidato “no existió un bien transferido a título gratuito por la suma de $609.399.000”, sino que se trató de una suma correspondiente a la prestación de servicios de elaboración de propaganda electoral que el candidato adeudaba.
Respecto de los recursos atribuidos a Samat Publicidad SAS y Javier Antonio Páez, el organismo electoral concluyó que no había elementos suficientes para establecer una infracción al régimen de financiación de campañas.
Ahora, la Corte Suprema decidió abrir una indagación previa, por lo que deberá establecer, a partir de las pruebas que se practiquen, si existieron irregularidades y cuál sería su alcance jurídico.
La apertura de la indagación no implica, por sí misma, una conclusión sobre la responsabilidad de Iván Cepeda.
