El escándalo relacionado con Juliana Guerrero derivó en una investigación más amplia sobre las prácticas de la Fundación Universitaria San José, luego de que fueran identificados cientos de casos que presentarían posibles irregularidades en títulos académicos de funcionarios y contratistas vinculados al sector público.

La investigación es liderada por la senadora Jennifer Pedraza, quien aseguró haber encontrado más de 700 casos en los que los títulos no cumplirían determinados requisitos o presentarían inconsistencias entre la fecha de expedición y la presentación de las pruebas Saber.

De acuerdo con los hallazgos divulgados por la congresista, más de 221 casos corresponderían a funcionarios públicos cuyos títulos, tras la revisión realizada, no aparecerían como válidos ante el Ministerio de Educación.

Diferencias entre títulos y pruebas Saber

Uno de los ejemplos expuestos por Pedraza corresponde a una persona que trabajaba como contratista en la Alcaldía de Paujil. Según la investigación, aparece con un título de contador público expedido por la Fundación Universitaria San José el 2 de diciembre de 2024, mientras que el certificado de presentación de las Pruebas Saber Pro tendría como fecha el 9 de noviembre de 2025.

La senadora también señaló el caso de un integrante de la Unidad de Protección que tendría un título de tecnólogo en gestión empresarial expedido el 2 de diciembre de 2024, mientras que el certificado de presentación de la prueba Saber TyT registra como fecha el 9 de noviembre de 2025.

Pedraza sostuvo que estas diferencias ameritan una revisión por parte de las autoridades educativas.

“Encontramos más de 700 títulos que no cumplían estos requisitos o que tenían una fecha de presentación posterior a la fecha de la emisión del título. Es decir que serían títulos irregulares que valdría la pena que el Ministerio de Educación investigara”.

La congresista advirtió que la cantidad de casos identificados podría ser indicativa de una posible “práctica sistemática”, por lo que planteó la necesidad de que las autoridades competentes determinen qué ocurrió en cada caso.

Presuntos convenios bajo investigación

La investigación también puso la atención sobre presuntos convenios de la Fundación Universitaria San José con otras instituciones educativas.

Según Pedraza, mediante estos acuerdos se ofrecerían principalmente servicios tecnológicos y plataformas para atender programas de la institución. El cuestionamiento estaría relacionado con que algunos de los programas ofrecidos no contarían con una autorización específica del Ministerio de Educación o utilizarían autorizaciones otorgadas a otras universidades.

Estos señalamientos se conocen mientras avanza la controversia alrededor del caso de Juliana Guerrero y de otros posibles beneficiarios de títulos expedidos por la institución.

Las posibles irregularidades deberán ser verificadas por las autoridades competentes, que tendrán que establecer si existieron incumplimientos de las normas de educación superior y las eventuales responsabilidades individuales o institucionales.