El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a lanzar críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justo cuando el futuro de su presupuesto para 2027 genera un fuerte pulso entre el tribunal, el Gobierno y sectores políticos.

A través de sus redes sociales, Uribe afirmó: “La JEP no se debió aprobar; el plebiscito la rechazó; no permitieron reformarla para tener una sala especial para los militares; se excedieron en gastos: es hora de hablarle claro”.

El pronunciamiento retoma una posición que el exmandatario ha sostenido desde la creación de la justicia transicional derivada del Acuerdo de Paz. Uribe ha cuestionado que la JEP haya sido establecida después del plebiscito de 2016 y ha defendido modificaciones para establecer un tratamiento diferenciado para integrantes de la Fuerza Pública.

Las declaraciones se conocen en medio del debate por los recursos asignados al tribunal para 2027. La JEP solicitó $947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla $821.803 millones, una diferencia de $125.839 millones.

El presidente Abelardo De La Espriella ha respaldado la reducción y ha defendido que los recursos públicos deben priorizar otras necesidades de la justicia ordinaria.

“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó el mandatario, quien además señaló que la JEP ha recibido más de $3 billones desde 2018 y cuestionó la relación entre los recursos asignados, su funcionamiento y los resultados obtenidos.

De La Espriella también sostuvo que su prioridad es “fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos”, en referencia a la Rama Judicial ordinaria.

En paralelo, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre las consecuencias que podrían tener los recortes para el funcionamiento del tribunal y ha cuestionado las iniciativas que avanzan en materia presupuestal.

Así, las críticas de Uribe vuelven a poner a la JEP en el centro del debate nacional, mientras el Gobierno de De La Espriella defiende una reducción de recursos y plantea revisar las prioridades del gasto público destinado a la justicia transicional.