“No hay almuerzo gratis”: senadora cuestiona a la ONU por los recursos destinados a la JEP
La discusión sobre la financiación de la justicia transicional en Colombia escaló a un nuevo nivel luego de que la senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionara el llamado de Naciones Unidas a garantizar recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
El pasado 28 de septiembre, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió mantener los recursos necesarios para que estos mecanismos puedan continuar con sus funciones. El funcionario destacó especialmente las medidas restaurativas que desarrollan antiguos integrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública en Pitalito, Huila, donde participan en labores relacionadas con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó Türk.
El pronunciamiento se produjo mientras el Congreso debate un recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dentro del presupuesto de 2027.
Posada respondió cuestionando la relación entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según las cifras divulgadas por la congresista, entre 2018 y 2026 la JEP suscribió 22 convenios de cooperación internacional con el PNUD por $182.120 millones.
La senadora aseguró que dentro de esos acuerdos el PNUD se comprometió a realizar aportes por $132.943 millones, principalmente en especie, y cuestionó que esos convenios no fueran mencionados en el pronunciamiento de Naciones Unidas.
“¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis”, escribió Posada.
La congresista también puso el foco sobre las sanciones restaurativas impuestas a antiguos integrantes de las FARC. De acuerdo con las cifras que presentó, $30.000 millones habrían sido destinados al PNUD para implementar proyectos productivos relacionados con esas sanciones, mientras que otros $40.365 millones corresponderían a recursos destinados a la defensa jurídica.
Con base en esas cifras, Posada sostuvo que los contribuyentes estarían financiando parte de los mecanismos mediante los cuales antiguos miembros de las FARC cumplen sus sanciones restaurativas.
“Los colombianos hemos gastado más que todo el dinero que entregaron las FARC a las víctimas”, afirmó la senadora.
Posada comparó esos recursos con los bienes entregados por los antiguos integrantes de las FARC para la reparación de las víctimas. Según las cifras citadas por ella, a enero de 2026 se habían entregado bienes por $46.194 millones, mientras que la congresista sumó $70.365 millones entre los recursos que atribuye a defensa jurídica y medidas restaurativas.
La senadora también citó cifras de la Contraloría para cuestionar el cumplimiento de los compromisos relacionados con la entrega de bienes, señalando que no se habría entregado el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.
“No hay derecho a que la JEP propicie esta ofensa a los colombianos con recursos de los contribuyentes”, concluyó.
El debate enfrenta así dos posiciones. Naciones Unidas sostiene que garantizar la financiación es necesario para continuar con los procesos de verdad, reparación, búsqueda de desaparecidos y justicia transicional, mientras que desde el Congreso se cuestionan los costos del sistema, los convenios de cooperación y los recursos destinados a las sanciones restaurativas y la defensa de antiguos integrantes de las FARC. Las cifras sobre convenios y destinación de recursos corresponden a los datos divulgados públicamente por la senadora y son parte del debate político y presupuestal en curso.
