UNP revisaría esquemas de seguridad de exfuncionarios de Petro y exministra denuncia “perfilamiento”
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tendría previsto realizar una nueva revisión de los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, una medida que podría dejar sin protección a algunos de quienes ocuparon cargos en la anterior administración.
De acuerdo con información divulgada por La FM, a través de los denominados Secretos de D’Arcy Quinn, la entidad tendría programada para el lunes 14 de septiembre una evaluación de los esquemas de seguridad con el propósito de determinar cuáles deben mantenerse y cuáles podrían ser retirados al considerar que ya no serían necesarios.
Entre las personas que eventualmente podrían perder su esquema estaría el exministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea y tres exministras de las carteras de Deporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ciencia, Tecnología e Innovación.
Aunque la información conocida por el medio no identifica a las exfuncionarias, entre los nombres que podrían estar incluidos aparecen Patricia Duque Cruz, quien estuvo al frente del Ministerio del Deporte; Helga Rivas, exministra de Vivienda; y Yesenia Olaya, exministra de Ciencia.
Yesenia Olaya habla de “perfilamiento”
La posibilidad de que se modifiquen las medidas de seguridad generó una fuerte reacción de la exministra de Ciencia, Yesenia Olaya, quien cuestionó públicamente el procedimiento y aseguró que podría tratarse de un supuesto “perfilamiento” contra quienes hicieron parte del Gobierno Petro.
“Esto es un claro caso de perfilamiento. Es prácticamente decirles a nuestros adversarios: ‘A partir del lunes quedan expuestos y sin garantías. Procedan’”, manifestó Olaya en una publicación en su cuenta de X.
La exministra también cuestionó que información relacionada con los posibles retiros haya sido divulgada públicamente y sostuvo que esto podría poner en riesgo a quienes actualmente ejercen oposición.
“Y, para agravar la situación, entregar información a medios afines, vulnerando el debido proceso. ¿Esta es la democracia que pretende garantizar el Gobierno? ¿Dónde quedan las garantías para quienes ejercemos oposición? Gravísimo”, agregó.
La UNP ya ha retirado otros esquemas
La discusión se produce después de que la UNP retirara los esquemas de seguridad de algunas personas vinculadas al anterior Gobierno.
Entre los casos mencionados están Juliana Guerrero, quien fue funcionaria del Ministerio del Interior y posteriormente intentó llegar al cargo de viceministra de Juventudes; Gabriela Muñoz, activista que estuvo vinculada a la Aeronáutica Civil; y Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral.
Según información publicada por El Tiempo, la decisión respecto de estas tres personas se habría basado en estudios técnicos de riesgo que concluyeron que no enfrentaban circunstancias que representaran un riesgo suficiente para justificar la continuidad de las medidas.
Los análisis habrían tenido en cuenta factores como la existencia de amenazas directas, el nivel de exposición pública y la proporcionalidad del gasto estatal frente al riesgo identificado.
De acuerdo con ese reporte, mantener los tres esquemas representaba un costo aproximado de $40 millones mensuales, incluyendo personal de protección, viáticos, vehículos, mantenimiento y combustible.
También se han asignado nuevos esquemas
Mientras la UNP ha retirado medidas de protección en algunos casos, la entidad también ha dispuesto nuevos esquemas cuando los estudios de riesgo así lo han determinado.
El pasado 25 de agosto, la entidad informó sobre la asignación de medidas de protección para la lideresa social de Santa Marta y excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico Naylea Barros, luego de que fuera víctima de un atentado.
La discusión, por ahora, se concentra en la revisión que la UNP tendría prevista para los exfuncionarios del Gobierno Petro y en los criterios técnicos que determinarán quiénes conservarán o perderán las medidas de protección.
La eventual decisión podría generar una nueva controversia política en torno al manejo de los esquemas de seguridad de exfuncionarios y dirigentes de oposición.
