Gobierno De la Espriella revoca delegados de diálogos con el ELN y Clan del Golfo
La Presidencia dejó sin efecto los nombramientos de los representantes oficiales que participaban en la mesa de conversaciones con el ELN y en el espacio sociojurídico con el Ejército Gaitanista de Colombia. El Ejecutivo argumentó falta de avances y deterioro de las condiciones para mantener ambos procesos.
El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella tomó una decisión que modifica el rumbo de los procesos de paz y sometimiento que se venían adelantando con dos de las principales estructuras armadas ilegales del país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.
A través de las Resoluciones 391 y 390 de 2026, la Presidencia de la República revocó las designaciones de los delegados oficiales que participaban, respectivamente, en la mesa de diálogos con el ELN y en el espacio de conversación sociojurídica con el EGC.
Se acaba la delegación del Gobierno ante el ELN
Mediante la Resolución 391 de 2026, el Ejecutivo dejó sin efecto los nombramientos de la delegación gubernamental que venía participando en las conversaciones con el ELN.
Entre los integrantes de esa delegación se encontraban Vera Grabe Loewenherz, quien ejercía como jefa del equipo negociador, además de la senadora María José Pizarro Rodríguez, el senador Iván Cepeda Castro y el dirigente gremial José Félix Lafaurie, entre otros representantes de diferentes sectores.
La mesa de diálogos con el ELN fue instalada formalmente en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2022, durante el proceso iniciado por el Gobierno anterior.
Sin embargo, el proceso comenzó a deteriorarse y, de acuerdo con los argumentos expuestos por la Presidencia, desde febrero de 2024 se presentó una afectación progresiva de la confianza y de la continuidad de las conversaciones, luego de que el ELN anunciara el congelamiento del proceso.
Durante 2024 se realizaron reuniones extraordinarias con el propósito de superar la crisis y recuperar la interlocución. No obstante, el Gobierno De la Espriella considera que no existen actualmente las condiciones suficientes para mantener la delegación en los términos en que venía funcionando.
La Presidencia sostuvo que la continuidad de cualquier negociación requiere un compromiso claro, sostenido y verificable con la paz por parte de la organización armada.
También revocan delegados ante el Clan del Golfo
La decisión también alcanzó el espacio de conversación sociojurídica con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización que el Gobierno identifica en las resoluciones como las antiguas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que es ampliamente conocida como Clan del Golfo.
A través de la Resolución 390 de 2026, el Ejecutivo revocó la designación de los representantes oficiales que participaban en este proceso.
La medida cobija, entre otros, a Álvaro Jiménez Millán, quien se desempeñaba como coordinador de los delegados gubernamentales, así como a María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
Este espacio sociojurídico había sido autorizado en julio de 2024 con el propósito de explorar la voluntad de la organización armada para avanzar hacia un eventual sometimiento a la justicia, desmantelamiento de sus estructuras criminales y tránsito de sus integrantes hacia la legalidad.
Con la revocatoria de los delegados, el Gobierno pone fin a la representación oficial que venía desarrollando estas conversaciones.
¿Qué dice la Constitución?
Las dos resoluciones fundamentan la decisión en las facultades constitucionales del Presidente de la República para dirigir el orden público y conducir la política de paz.
El Ejecutivo invoca, entre otras disposiciones, el artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total.
Según el marco jurídico citado en los actos administrativos, corresponde al Presidente dirigir de manera directa la política de orden público y determinar las condiciones bajo las cuales el Estado puede adelantar procesos de diálogo, negociación o sometimiento con organizaciones armadas.
Las resoluciones también hacen referencia a jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual el Jefe de Estado cuenta con un amplio margen de decisión para determinar “cómo, cuándo y con quién busca establecer diálogos”, así como para establecer cuándo debe recurrirse al uso legítimo de la fuerza del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Un giro en la política de paz
La revocatoria de los delegados representa un cambio significativo en la política de paz del Ejecutivo y envía una señal de endurecimiento frente a procesos que, según la Presidencia, no han producido avances suficientes.
En el caso del ELN, el Gobierno pone el énfasis en el congelamiento de las conversaciones y en la ausencia de condiciones para garantizar una negociación efectiva.
Frente al Clan del Golfo, la decisión afecta un mecanismo que buscaba explorar una eventual salida jurídica de sus integrantes mediante sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura criminal.
Por ahora, las resoluciones dejan sin efecto los nombramientos de los representantes gubernamentales, mientras el Gobierno mantiene como eje de su política la defensa del orden público y la exigencia de resultados verificables frente a las organizaciones armadas.
