Familia de Kevin Acosta rechaza conciliación con Jaramillo y pide investigar a Petro
La familia de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que murió el pasado 13 de febrero en Bogotá tras complicaciones relacionadas con la hemofilia severa que padecía, rechazó conciliar con el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por la presunta divulgación de información reservada de la historia clínica del menor.
La diligencia de conciliación fue citada por la Fiscalía luego de las declaraciones públicas realizadas por Jaramillo sobre la condición médica de Kevin y las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
El abogado de la familia, Manuel Villanueva, afirmó que las víctimas mantienen su decisión de no conciliar y que buscan verdad, justicia y garantías de no repetición. Según el jurista, además de la investigación relacionada con la presunta violación de datos personales, existen elementos que, a su juicio, deberían ser valorados por la Fiscalía frente a una eventual responsabilidad por homicidio culposo.
El representante de las víctimas también recordó que la denuncia presentada por la familia derivó en una compulsa de copias contra el expresidente Gustavo Petro, para que se determinen las responsabilidades que correspondan dentro de los hechos investigados.
El caso tomó relevancia luego de que Petro y Jaramillo se refirieran públicamente a la muerte del menor. La familia cuestionó especialmente la divulgación de información sobre su condición médica, al considerar que se trataba de datos protegidos por reserva.
Villanueva sostuvo que tanto Petro como Jaramillo podrían ser objeto de investigación en relación con sus actuaciones y afirmó que, según la tesis de la representación de las víctimas, ambos tenían una posición de garantes frente al sistema de salud.
La familia, entretanto, insiste en que el proceso judicial determine las eventuales responsabilidades individuales y esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Acosta.
Nota: Las afirmaciones sobre posibles responsabilidades penales corresponden a la posición de la representación de las víctimas y deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
