GOBIERNO NACIONAL TERMINA LOS DIÁLOGOS DE PAZ CON BANDAS DELINCUENCIALES EN LA CÁRCEL DE ITAGÜÍ
El Gobierno nacional decidió poner fin a la mesa de paz urbana que mantenía con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá recluidas en la cárcel La Paz de Itagüí, un espacio sociojurídico que funcionaba desde el 2 de junio de 2023 como parte de la estrategia de “Paz Total”.
La determinación fue comunicada a los delegados del proceso por la senadora Isabel Zuleta, representante del Gobierno en este escenario de diálogo. Aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial explicando las razones de la decisión, diferentes fuentes consultadas señalan que el cierre del proceso estaría relacionado con los cambios en la política de seguridad que implementará el presidente electo Abelardo de la Espriella a partir del próximo 7 de agosto.
Durante los últimos años, la mesa de paz urbana de Itagüí fue uno de los procesos más controvertidos impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sus defensores sostenían que el diálogo permitía reducir la violencia en algunos sectores de Medellín y el Valle de Aburrá, mientras que sus críticos argumentaban que los cabecillas criminales continuaban ejerciendo influencia sobre las estructuras ilegales desde el interior del centro penitenciario.
El concejal de Medellín Andrés Tobón aseguró que el nuevo gobierno tendría definidas varias medidas contra los principales líderes criminales recluidos en el denominado pabellón de paz.
“Trasladarlos a cada uno de ellos a diferentes cárceles de manera que no pueda seguir ese comportamiento de junta directiva gobernando el mundo criminal desde una cárcel hotel con oficinas, como decía el ministro de Justicia. Reactivar todas las investigaciones que se encuentran en este momento seguramente suspendidas en contra de ellos”, afirmó Tobón.
Sin embargo, algunos sectores sociales expresaron preocupación por las consecuencias que podría generar la desaparición de este espacio de negociación. Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), advirtió que las estructuras criminales mantienen una fuerte presencia territorial y conexiones con redes internacionales.
“Seguimos con unas estructuras armadas organizadas muy fuertes. Segundo, tenemos un crimen transnacional muy fuerte en la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá y tercero, porque hay tambores de guerra desde hace mucho rato que han sonado que se podría presentar en cualquier momento una confrontación con extranjeros”, señaló.
ESCÁNDALOS QUE MARCARON EL PROCESO
La mesa de paz urbana también estuvo rodeada de polémicas que aumentaron las críticas al proceso.
Uno de los casos más sonados ocurrió en abril de 2026, cuando se conocieron fotografías y videos de una lujosa fiesta vallenata realizada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí. En el evento participó el cantante Nelson Velásquez y se observaron licor y otros privilegios que generaron fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión de algunos cabecillas.
Tras la divulgación de las imágenes, el Gobierno suspendió temporalmente los diálogos y ordenó investigaciones por parte de la Procuraduría y el Inpec para determinar responsabilidades.
Otro episodio polémico estuvo relacionado con denuncias sobre presuntas salidas de algunos líderes criminales recluidos en el pabellón de paz para participar en reuniones externas e incluso en eventos públicos, entre ellos el denominado “tarimazo” realizado en La Alpujarra durante una visita del presidente Gustavo Petro.
Estos hechos provocaron cuestionamientos sobre los beneficios otorgados a los voceros de las organizaciones delincuenciales y los mecanismos de control implementados por las autoridades penitenciarias.
Con el cierre definitivo de la mesa de paz urbana, el próximo gobierno enfrentará el reto de definir una nueva estrategia para combatir las estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, en medio de un debate nacional sobre la efectividad de los procesos de negociación con organizaciones ilegales y el futuro de la política de seguridad en Colombia.
