Pacto Histórico se distancia de Gustavo Petro y pide a la Fiscalía investigar a Juliana Guerrero
Las revelaciones publicadas por la revista SEMANA sobre una presunta red dedicada a gestionar contratos dentro del Gobierno nacional continúan provocando fuertes repercusiones políticas. En esta ocasión, varios dirigentes del Pacto Histórico solicitaron públicamente que la Fiscalía General de la Nación adelante una investigación para esclarecer las denuncias que involucran a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero.
Según la investigación periodística, sustentada en testimonios, audios, conversaciones, consignaciones y otros elementos de prueba, las hermanas habrían liderado una presunta estructura que tendría influencia en la contratación estatal e incluso habría logrado controlar tres importantes entidades públicas.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la publicación asegurando que las pruebas deberían ser entregadas a la Fiscalía para su verificación. En su pronunciamiento manifestó:
«Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía».
Sin embargo, la respuesta del mandatario fue considerada insuficiente por algunos sectores políticos, incluidos integrantes de su propia colectividad, quienes reclamaron una postura más contundente frente al escándalo.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Gustavo Bolívar, quien afirmó que el caso no puede minimizarse y pidió que las autoridades judiciales actúen.
«No le podemos quitar la gravedad a la denuncia contra las hermanas Guerrero. Es mucho el daño que le hacen al Pacto Histórico y a quienes actuamos honestamente para cambiar este país», expresó.
En el mismo sentido se manifestó la senadora María José Pizarro, quien calificó el caso como un reflejo del clientelismo que afecta a las instituciones del Estado.
«El escándalo de las hermanas Guerrero es repudiable. Es la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano. Políticos, intermediarios con poder, empresarios cómplices, mientras los más vulnerables quedan como rehenes de su ambición. La Fiscalía debe investigar a profundidad y sin dilaciones», sostuvo.
Por su parte, la concejal de Bogotá Heidi Sánchez aseguró que este episodio representa uno de los errores más costosos para el proyecto político del Pacto Histórico.
«Yo solo diré que lo de este par de personajes nos costó muy caro. Mientras muchas personas preparadas, con la formación, la disciplina militante y la lealtad necesarias esperaron la oportunidad de servir con honestidad y hacer las cosas bien, se decidió apostar por Juliana y su hermana», afirmó.
Hasta el momento, las denuncias divulgadas por SEMANA hacen parte de una investigación periodística y corresponde a las autoridades competentes establecer, mediante las actuaciones judiciales respectivas, si existen responsabilidades penales o disciplinarias por los hechos denunciados. Mientras tanto, el caso sigue generando un fuerte debate político y aumentando la presión para que la Fiscalía avance en las investigaciones.
Juliana Guerrero anunció que presenta su renuncia irrevocable a partir de la fecha, al cargo de delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
Según Guerrero, esta decisión obedece, entre otras, «a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses», menciona.
