Martha Peralta y Euclides Torres: los antecedentes detrás de la revocatoria de sus visas en EE. UU.
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, en el marco de una política dirigida contra extranjeros que, según el Gobierno estadounidense, “atentan contra un gobierno democráticamente elegido, mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.
La decisión se conoció este lunes 28 de septiembre y generó reacciones en Colombia. Peralta aseguró que no había recibido una notificación oficial y solicitó explicaciones sobre las razones de la medida.
En Colombia, la senadora es investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, dentro del caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según señalamientos recogidos en el proceso, habría actuado como enlace del Gobierno en el Congreso para gestionar contratos a cambio de respaldos políticos.
Sin embargo, hasta el momento no existe una condena judicial contra Peralta. El proceso también ha tenido controversias alrededor de las actuaciones de la magistrada Cristina Lombana, cuya participación fue cuestionada por otros magistrados de la Sala de Instrucción.
En el caso de Euclides Torres, el Departamento de Estado lo identificó como líder de un conglomerado empresarial con actividades en sectores como energía, iluminación pública y señalización vial. El empresario ha sido señalado de participar en la financiación de campañas políticas, entre ellas la del expresidente Gustavo Petro.
Torres reconoció en una carta divulgada en junio de 2026 que brindó apoyo logístico a la precampaña de Petro por afinidad con sus propuestas. Su nombre también aparece en investigaciones relacionadas con el exministro del Interior Armando Benedetti.
El Departamento de Estado indicó que la revocatoria de visas es un mecanismo administrativo que puede utilizarse mientras las autoridades recopilan material probatorio. La medida migratoria, por sí sola, no constituye una condena penal en Colombia.
