“No hay ninguna negociación”: Gobierno responde a solicitudes de cabecillas de grupos armados
El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que dirigentes y cabecillas de diferentes Grupos Armados Organizados han buscado acercamientos con el Gobierno Nacional con la intención de explorar una eventual negociación.
Sin revelar cuáles estructuras estarían detrás de esas solicitudes, el jefe de la cartera de Justicia afirmó que la respuesta del Gobierno ha sido la misma para todos: no habrá negociaciones políticas y deberán esperar a que avance y sea aprobada la Ley de Sometimiento.
“No hay ninguna negociación”, sostuvo Cancino al referirse a los acercamientos recibidos por parte de integrantes de organizaciones criminales.
La posición del Gobierno establece que quienes pretendan abandonar las actividades ilegales deberán acogerse a un mecanismo jurídico y someterse a las condiciones establecidas por la ley.
Sin estatus político ni suspensión de capturas
Uno de los principales puntos de la propuesta es que las organizaciones criminales no recibirán reconocimiento ni estatus político.
El proceso tampoco contempla la suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición. De acuerdo con Cancino, quienes ya se encuentren capturados tampoco podrán acceder al mecanismo de sometimiento.
El Gobierno plantea que la interlocución con las estructuras se realice a través de abogados y dentro de un procedimiento jurídico, no mediante mesas de negociación política.
¿Qué contempla la Ley de Sometimiento?
El proyecto que prepara el Gobierno busca establecer una ruta jurídica para que integrantes de organizaciones armadas y criminales puedan entregarse a la justicia bajo determinadas condiciones.
Entre los requisitos estarían el abandono de las actividades ilegales, la entrega de información relevante, el esclarecimiento de hechos, la contribución a la reparación de las víctimas, la entrega de armas y bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, así como información sobre las economías criminales.
También se contempla que quienes quieran acceder a los beneficios aporten información relacionada con personas desaparecidas o secuestradas, cultivos ilícitos, estructuras financieras, hechos de corrupción y eventuales vínculos políticos.
Rebajas de pena según el nivel dentro de la organización
La propuesta contempla beneficios jurídicos condicionados al cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Según explicó Cancino, quienes ocupen posiciones de mando dentro de las estructuras podrían acceder a una reducción de hasta el 30 % de la pena, mientras que otros integrantes podrían aspirar a reducciones de hasta el 50 %, dependiendo de sus aportes y del cumplimiento de las condiciones.
El ministro también ha señalado que quienes oculten bienes o incumplan los compromisos perderían los beneficios y regresarían al régimen ordinario.
La propuesta, que deberá surtir su trámite en el Congreso, llega en medio de la ofensiva de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales y de la situación de seguridad registrada en Santa Marta tras las acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
