“No es asfixia ni venganza”: De La Espriella responde a la JEP y cuestiona sus recursos
El presidente Abelardo De La Espriella respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, luego de que este acudiera a organismos internacionales para advertir sobre los posibles efectos de la reducción de recursos prevista para la entidad en el Presupuesto General de la Nación de 2027.
La controversia gira alrededor de los recursos solicitados por la JEP para el próximo año. La jurisdicción pidió $947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla $821.803 millones. Aunque la cifra es inferior a la solicitada, representa un aumento frente a los cerca de $744.658 millones asignados para 2026.
Además, en el Congreso fue planteada una propuesta para trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de fortalecer la justicia ordinaria. La iniciativa todavía debe avanzar en el trámite presupuestal.
Ramelli ha advertido que una reducción adicional podría afectar funciones relacionadas con la protección de víctimas, testigos y comparecientes, además de la presencia territorial, la atención a víctimas y otras labores de la jurisdicción.
De La Espriella rechazó que la discusión presupuestal pueda interpretarse como una amenaza contra la independencia judicial y defendió la facultad del Gobierno de establecer prioridades frente a los recursos públicos disponibles.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”, afirmó el mandatario.
El presidente también cuestionó el monto de recursos que ha recibido la JEP desde su creación y pidió explicaciones sobre la ejecución de su presupuesto.
“¿Qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?”, cuestionó De La Espriella, al señalar que la entidad ha recibido más de $3 billones desde 2018.
Otro de los puntos señalados por el mandatario fue el costo de la nómina de la jurisdicción, que para 2026 fue estimado en $404.477 millones.
“Antes de denunciar una ‘asfixia institucional’, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha”, sostuvo.
De La Espriella también defendió la posibilidad de fortalecer la Rama Judicial ordinaria y aseguró que el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz no implica aprobar automáticamente todas las solicitudes presupuestales de la JEP.
“Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, afirmó el presidente.
Por su parte, Ramelli ha insistido en que la JEP no puede ser comparada únicamente con un tribunal, debido a que concentra funciones de investigación, atención y representación de víctimas, protección, presencia territorial y otras labores propias de la justicia transicional.
“Cuando ven la JEP no ven una alta corte no más. Tenemos la magistratura, la unidad de investigación que es una fiscalía y la secretaría. Y entre las tres cumplimos seis funciones que están repartidas en el Estado colombiano”, explicó Ramelli.
La discusión continuará ahora en el Congreso, donde se definirá la distribución definitiva de los recursos para 2027 y si prospera el eventual traslado de $100.000 millones hacia la justicia ordinaria.
