“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”: presidente de la JEP responde al Gobierno de De la Espriella
La tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella aumentó luego de que el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, defendiera públicamente la autonomía de la justicia transicional frente a la discusión por su presupuesto para 2027.
Durante la rendición de cuentas de la JEP, Ramelli fue contundente al referirse a la relación que debe existir entre esa jurisdicción y el Ejecutivo.
“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”, afirmó el magistrado, quien señaló que la JEP puede entregar explicaciones a la ciudadanía y mantener un diálogo institucional con el Gobierno, pero rechazó que esto implique una relación de subordinación frente a otra rama del poder público.
“Eso es intolerable, inaceptable en un Estado de derecho”, agregó Ramelli al defender la separación de poderes y la autonomía de la jurisdicción.
La declaración se produce en medio de una fuerte discusión por los recursos que tendrá la JEP durante 2027. La jurisdicción solicitó $947.642 millones para el próximo año, mientras que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla una asignación de $821.803 millones.
La diferencia alcanza los $125.839 millones. A esto se suma una propuesta presentada en el Congreso para trasladar otros $100.000 millones del presupuesto de la JEP hacia la Rama Judicial, con el propósito de fortalecer la justicia ordinaria. La iniciativa recibió el respaldo público del presidente De la Espriella.
Ramelli sostiene que la JEP ya enfrenta una desfinanciación acumulada y advierte que una reducción adicional podría afectar su capacidad de funcionamiento y su autonomía presupuestal, administrativa y técnica.
La controversia incluso llegó al ámbito internacional, luego de que la JEP solicitara atención sobre la situación ante organismos internacionales y la Corte Penal Internacional.
Por su parte, el Gobierno rechaza que exista una estrategia para someter o afectar a la JEP. De la Espriella ha defendido la necesidad de ajustar el gasto público a los recursos disponibles y ha planteado que la justicia ordinaria también requiere mayores recursos para atender el volumen de procesos pendientes.
El mandatario ha sostenido que la discusión presupuestal no constituye una interferencia en la justicia y ha defendido la reasignación de recursos como una decisión relacionada con las prioridades del Estado.
El enfrentamiento deja abierto un debate institucional de alto impacto: mientras la JEP reclama garantías para mantener su autonomía y cumplir sus funciones de justicia transicional, el Gobierno y sectores del Congreso defienden una redistribución de recursos hacia la justicia ordinaria.
