“Reservistas que apoyan a Abelardo estaban al parecer conformando un grupo paramilitar”: Zuleta
La senadora Isabel Zuleta volvió a referirse a la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía General de la Nación contra un sector de reservistas militares que, según su señalamiento, tendría afinidad con el presidente Abelardo De La Espriella.
La congresista afirmó que estos exintegrantes de la Fuerza Pública estarían promoviendo una estructura civil con capacidad de ejercer labores de vigilancia o intervención frente a eventuales movilizaciones sociales por fuera de las funciones que legalmente corresponden a las instituciones armadas y de Policía.
“Reservistas que apoyan a Abelardo estaban al parecer conformando un grupo paramilitar”, sostuvo Zuleta, al reiterar sus cuestionamientos sobre las convocatorias realizadas por algunos integrantes de la reserva activa.
La denuncia presentada por la senadora señala, entre otros hechos, convocatorias dirigidas a reservistas para organizarse ante posibles escenarios de protesta después de las elecciones presidenciales. Zuleta pidió a las autoridades determinar si estas actuaciones podrían constituir conductas como promoción de grupos armados al margen de la ley, instigación a delinquir, amenazas o perturbación del proceso democrático.
El caso también generó controversia a partir de declaraciones difundidas en las que se planteaba la organización de reservistas para responder ante eventuales disturbios. Zuleta sostiene que la organización ciudadana no puede convertirse en una estructura armada destinada a sustituir las funciones de la Fuerza Pública.
La senadora también relacionó su preocupación con el caso de un militar retirado señalado de transportar munición para una organización armada ilegal. A partir de estos hechos, planteó abrir un debate sobre las condiciones de retiro y las alternativas laborales para quienes abandonan tempranamente las Fuerzas Militares.
Por ahora, los señalamientos de Zuleta corresponden a una denuncia y a su interpretación de los hechos. La determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes, que deberán establecer si existió una estructura ilegal, quiénes participaron y cuál habría sido su alcance.
