Timochenko rechaza recorte de $100.000 millones a la JEP: “No aceptamos la muerte lenta por asfixia”
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y exjefe máximo de las Farc, cuestionó la propuesta de trasladar recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz a la Rama Judicial y pidió preservar el funcionamiento de la JEP.
La discusión sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generó una nueva controversia política en Colombia luego de que el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, propusiera reducir en $100.000 millones los recursos de funcionamiento de esa jurisdicción y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.
La iniciativa cuenta con el respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella, quien reaccionó a la propuesta de Gómez con el mensaje: “Publíquese, comuníquese y cúmplase”. El traslado, sin embargo, aún depende del trámite presupuestal correspondiente y no constituye una decisión definitiva.
En medio de esta discusión, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko y último máximo comandante de las Farc, publicó este sábado 19 de septiembre un pronunciamiento en defensa de la JEP.
Londoño sostuvo que quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz de 2016 decidieron sustituir la confrontación armada por la participación política y que, como parte de ese compromiso, comparecieron ante la Comisión de la Verdad y la JEP.
“Comparecimos ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz y hemos asumido con seriedad la responsabilidad que nos corresponde ante el país y el mundo”, señaló.
Según el excomandante guerrillero, la JEP no constituye un beneficio exclusivo para los antiguos integrantes de las Farc, sino que forma parte del sistema de justicia transicional establecido tras el acuerdo de paz.
“La JEP no es un capricho ni una concesión a las extintas Farc: es el órgano de cierre jurídico del conflicto armado colombiano para todos los actores que se sometan a ella”, afirmó.
Londoño reconoció además que, desde su perspectiva, la jurisdicción “no es perfecta” y que se ha alejado de algunos de los principios con los que fue creada. No obstante, sostuvo que continúa siendo una garantía para víctimas y comparecientes dentro del modelo de justicia transicional.
El exjefe de las Farc calificó el eventual recorte como una amenaza para la capacidad operativa de la institución y aseguró que no se trata simplemente de una discusión sobre eficiencia presupuestal.
“Si el propósito de quienes hoy gobiernan es acabar con la JEP, que lo manifiesten de forma directa”, manifestó, antes de advertir: “No podemos aceptar la muerte lenta por asfixia de esta institución”.
La propuesta y las posiciones enfrentadas
Enrique Gómez planteó que los $100.000 millones sean trasladados al Consejo Superior de la Judicatura para financiar nuevos despachos judiciales o formalizar encargos dentro de la Rama Judicial. El senador ha cuestionado el costo y los resultados de la JEP y sostiene que esos recursos podrían atender necesidades de la justicia ordinaria.
La propuesta también ha recibido respaldo de sectores que representan a víctimas de las Farc, quienes han cuestionado el funcionamiento de la justicia transicional y apoyado que parte de sus recursos sean destinados a la justicia ordinaria.
Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, rechazó el recorte y advirtió que podría afectar las condiciones necesarias para el funcionamiento autónomo de la jurisdicción. También anunció que llevaría la discusión ante organismos nacionales e internacionales.
La controversia ocurre además cuando la JEP acaba de formalizar sanciones contra siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc por el caso de secuestro. Entre los sancionados se encuentra el propio Rodrigo Londoño, quien recibió una sanción de ocho años bajo el régimen de sanciones propias de la jurisdicción.
De esta manera, el debate sobre los $100.000 millones enfrenta dos posiciones: quienes consideran que los recursos deben trasladarse para fortalecer la justicia ordinaria y quienes advierten que una reducción presupuestal puede comprometer el funcionamiento de la JEP y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
