Juliana Guerrero acepta fraude procesal por diplomas falsos y acuerda una condena de tres años
La joven reconoció ante un juez de conocimiento que incurrió en fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el SIGEP y presentar ante el Ministerio de Igualdad documentos relacionados con títulos académicos obtenidos de manera fraudulenta.
Juliana Guerrero, quien alcanzó notoriedad pública durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, aceptó los términos de un preacuerdo negociado con la Fiscalía General de la Nación por el escándalo relacionado con dos títulos académicos que recibió de manera irregular de la Fundación Universitaria San José.
El acuerdo contempla una pena de 36 meses de cárcel, equivalente a tres años, además de dos años y medio de inhabilidad para ocupar cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos.
Los términos de la negociación fueron expuestos este miércoles ante un juzgado de Bogotá, dentro del proceso que se adelanta contra Guerrero por el delito de fraude procesal.
De presentarse como inocente a aceptar los cargos
Durante las primeras diligencias ante un juzgado de control de garantías, Guerrero se había declarado inocente. Sin embargo, ante el juez de conocimiento decidió aceptar los cargos incluidos en la acusación y acogerse al preacuerdo alcanzado con la Fiscalía.
La fiscal Jessica Montealegre explicó que la Fiscalía aplicó en favor de Guerrero una reducción relacionada con su grado de participación, pasando de considerarla autora a cómplice, como parte de la negociación judicial.
«Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin», sostuvo la fiscal durante la audiencia.
Según la investigación, Guerrero habría presentado ante las autoridades documentos académicos pese a que, de acuerdo con la Fiscalía, no había cumplido los requisitos necesarios para obtener los títulos.
La funcionaria judicial señaló además que Guerrero no habría asistido a clases, presentado exámenes ni realizado las pruebas del Icfes asociadas a la formación académica que figuraba en los documentos cuestionados.
Los dos títulos que quedaron bajo investigación
El caso está relacionado con dos títulos entregados a Guerrero por la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública.
La investigación estableció que Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y que, posteriormente, al trasladarse a Bogotá, habría intentado homologar ese recorrido académico mediante gestiones que la Fiscalía calificó como irregulares.
Posteriormente, los documentos fueron incorporados a su hoja de vida en el SIGEP, sistema utilizado para registrar información de servidores y aspirantes a cargos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía, la utilización de esos documentos tuvo como finalidad permitirle aspirar a un cargo en el Ministerio de Igualdad.
Guerrero reconoció su responsabilidad
Al tomar la palabra durante la audiencia, Juliana Guerrero reconoció expresamente haber cometido fraude procesal.
«Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo», manifestó.
Posteriormente, expresó arrepentimiento y ofreció disculpas públicas por lo ocurrido.
«Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones», afirmó.
Guerrero también pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraron un referente y a la Universidad San José.
¿Qué establece el preacuerdo?
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía establece:
- 36 meses de cárcel, es decir, tres años de condena.
- 30 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
- Multa de 100 salarios mínimos.
- Reconocimiento de responsabilidad por el delito de fraude procesal.
- Una reducción en el grado de participación dentro del acuerdo, al pasar de autora a cómplice.
La Fundación Universitaria San José, a través de su abogado Juan David Bazanni, manifestó su conformidad con los términos de la negociación y destacó que Guerrero se comprometió a ofrecer disculpas a directivos de la institución que, según se ha establecido, no tuvieron participación en los hechos investigados.
El procurador delegado para el caso también expresó su conformidad con el preacuerdo.
Por su parte, Felipe Alzate, abogado de Guerrero, defendió la importancia de los mecanismos de justicia premial, especialmente en procesos que han tenido una amplia exposición mediática.
Ya había un condenado por el caso
El escándalo de los títulos académicos no es nuevo para la justicia.
Por estos hechos ya fue condenado a tres años de pena Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como exsecretario general de la institución educativa.
Gutiérrez fue condenado por el delito de falsedad en documento público, luego de que se estableciera su participación en el trámite de los títulos en favor de Guerrero.
Ahora, el proceso contra Juliana Guerrero avanza hacia la definición judicial de los términos del preacuerdo, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa las responsabilidades relacionadas con la obtención y utilización de títulos académicos para acceder a cargos públicos.
