Rector de la Universidad Nacional pone límites a la autonomía universitaria: así puede entrar la Policía
El debate sobre el alcance de la autonomía universitaria volvió al centro de la discusión nacional luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que la Fuerza Pública podrá ingresar a universidades públicas cuando se presenten hechos comprobados de violencia, vandalismo o terrorismo.
La postura abrió interrogantes sobre hasta dónde puede llegar la autonomía de las instituciones de educación superior y en qué circunstancias las autoridades pueden intervenir dentro de los campus.
José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió al tema en diálogo con La FM y sostuvo que la autonomía universitaria y la seguridad pueden coexistir, pero dejó claro que la autonomía tiene límites.
“La autonomía universitaria no debe competir con la seguridad en los campus”.
Peña recordó que, después de la pandemia, la Universidad Nacional llegó a registrar hasta dos pedreas y dos actividades violentas por semana. Según explicó, una de las estrategias que permitió reducir estos hechos fue el trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía.
El rector señaló como ejemplo la captura, en noviembre del año pasado, de 11 personas que, según indicó, no pertenecían a la Universidad y estarían relacionadas con los hechos violentos.
Peña pide priorizar la inteligencia
Para el rector, una intervención indiscriminada de la Fuerza Pública durante una protesta podría no solucionar el problema, debido a que quienes protagonizan actos violentos pueden mezclarse con estudiantes y ciudadanos que participan pacíficamente.
Por esa razón, insistió en que la respuesta debe estar enfocada en identificar previamente a los responsables.
“La solución a este problema tiene que ser inteligencia”.
Peña consideró que el fortalecimiento de las labores de inteligencia y de los protocolos de seguridad puede permitir una actuación más efectiva de las autoridades sin afectar el derecho a la protesta pacífica.
¿Cuándo puede entrar la Policía a una universidad pública?
El rector fue enfático al señalar que la autonomía universitaria no significa que las instituciones estén por fuera del ordenamiento jurídico.
“La autonomía universitaria, por supuesto que tiene límites”.
En ese sentido, explicó que las autoridades pueden ingresar al campus cuando se esté frente a situaciones que involucren delitos graves, como un acto terrorista, una persona gravemente herida o la comisión de un crimen.
“Las universidades públicas son autónomas, pero no son soberanas; no son un Estado fuera del Estado”.
Peña también recordó que la Policía ya puede ingresar a las universidades en determinadas circunstancias. Entre los ejemplos mencionó los procedimientos de la Policía Antiexplosivos cuando existe sospecha sobre la presencia de artefactos peligrosos.
Asimismo, señaló que recientemente la Fiscalía y la Policía han ingresado a la Universidad Nacional para adelantar investigaciones relacionadas con un atentado contra un estudiante y una explosión registrada en un edificio de Ciencias Humanas.
Protesta pacífica, un escenario diferente
El rector estableció una diferencia entre la intervención de las autoridades ante la comisión de delitos y un ingreso preventivo durante una movilización pacífica.
Según Peña, una protesta pacífica no justifica por sí sola el ingreso de la Fuerza Pública al campus.
“De manera preventiva no es posible”.
Por ello, planteó que la respuesta debe concentrarse en mecanismos de inteligencia, identificación de los responsables y protocolos claros para actuar cuando se presenten hechos que puedan constituir delitos.
La Universidad Nacional también viene implementando mecanismos para identificar a las personas que ingresan a sus instalaciones mediante el carné institucional o el documento de identidad, al tiempo que busca mantener abiertos sus espacios culturales a la ciudadanía.
El pronunciamiento del rector vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la educación pública colombiana: cómo garantizar la seguridad y la protección de la comunidad universitaria sin desconocer la autonomía institucional ni afectar las manifestaciones pacíficas.
